miércoles, 14 de septiembre de 2011

COMISIONADO DE LA CFE-MAZATLAN ACUSADO DE NEGLIGENTE

Cayetano Osuna (RIODOCE)
En medio de sospechas de corrupción y/o ineficacia al interior de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Mazatlán, el superintendente Alberto Vázquez Arvallo, dizque fue comisionado por sus altos jefes para auxiliar en la estructuración de la nueva división de la CFE en el Distrito Federal y el área metropolitana, luego de haber desaparecido la compañía Luz y Fuerza del Centro.

“Dizque lo comisionaron, pero desde que se supo del fraude de los 209 millones de pesos, ya andaba en la ‘cuerda floja’ por la ineficacia y/o corrupción de los abogados de la CFE que han hecho perder a la paraestatal sumas millonarias”, dijo una fuente de Ríodoce.

 En menos de cuatro meses, un grupo de presuntos pillos cometió un fraude de 209 millones 23 mil 974.71 pesos contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Zona Mazatlán, por la negligencia del superintendente Alberto Vázquez Arvallo, pero el funcionario se negó a hablar sobre dicho fraude bajo el argumento falaz de que no estaba autorizado para hablar de asuntos jurídicos.

 El mismo Vázquez Arvallo, quien por su negligencia, al no supervisar a los abogados de la CFE, permitió el fraude millonario que seguramente será pagado por los usuarios con los altos cobros en los recibos de energía eléctrica, pidió a Ríodoce que le preguntara fruslerías.

“Pregúnteme lo que es operación, cómo facturamos, las tarifas, pero no de la parte jurídica (el fraude), porque no estoy autorizado para hablar de eso”, manifestó con notorio cinismo.

 La comparecencia Vázquez Arvallo, había llegado a las 11:36 horas en su vehículo Jeep Liberty, color arena, acompañado de su secretaria Olivia Patrón Moreno, a la comparecencia del miércoles 18 de noviembre en el Juzgado Octavo de Distrito, para desahogar una prueba testimonial relativa al amparo 508/2009 ofrecida por la quejosa CFE, programada para las 11:40 horas.

 Ese 18 de noviembre, Olivia Patrón Moreno, a quien el licenciado José Octavio Sarabia Carrasco, actuario del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, describió en su presunta notificación a emplazamiento a la CFE del 12 de febrero de 2009, como una mujer delgada, de aproximadamente 26 años de edad, estatura de 1.72 metros, ojos café claros, tez blanca y cabello lacio con rayitos, portaba unos lentes oscuros que ocultaba su mirada.

 Jesús Eduardo García Siraitares, entonces abogado de la CFE, en su amparo 508/2009 interpuesto el 14 de mayo de 2009 en el Juzgado Octavo de Distrito, había denunciado que la actuación era falsa, porque no se había realizado con Olivia Patrón, pues además la descripción que Sarabia Carrasco había hecho de ella no coincidía con la media filiación de la secretaria del superintendente.

El citatorio En el citatorio, el juzgado, con la amenaza por delante, había advertido a los testigos de la CFE, Vázquez Arvallo y Patrón Moreno:

“Bajo el apercibimiento que de no comparecer con justa causa, se ordenará su presentación con el auxilio de la fuerza pública, con fundamento en el artículo 59 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo”.

Se notaba a leguas que tanto el superintendente de la CFE como su secretaria venían más a fuerzas que de ganas a desahogar la diligencia, y que tal vez nunca habían andado en los laberintos burocráticos de los juzgados, pues despistados se dirigían hacia las oficinas del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, cuando el guardia de seguridad, desde la planta alta les dijo que el Juzgado Octavo de Distrito estaba a dos edificios más “adelante”.

Hacia allá caminaron en zigzag los testigos de la CFE y se perdieron en las escalinatas del edificio que alberga las oficinas del Juzgado Octavo de Distrito. “Ay nos vemos”

El superintendente de la paraestatal y su secretaria salieron aproximadamente a las 13:40 horas del juzgado, a donde según su negligencia lo había conducido por no haber supervisado el trabajo de los ahora ex abogados de la CFE, Jesús Eduardo García Siraitares y Alan Ramos Ruiz.

 Al salir del juzgado, el ingeniero Alberto Vázquez Arvallo fue abordado por Ríodoce para preguntarle los detalles del despido del abogado Eduardo García Siraitares, quien al parecer ya demandó a la CFE por despido injustificado.

 —¿Cómo le fue en la diligencia ingeniero?

—Bien.

 —Ingeniero, ¿por qué corrieron al licenciado Eduardo García Siraitares?

—No puedo dar declaraciones sobre ese asunto. —Pero ya se hizo público el fraude contra la CFE…

—Ah, qué bueno, pero yo no puedo opinar nada.

—Ya se hizo público que a su secretaria Olivia Patrón le falsificaron (según el perito en grafología de la CFE) la firma, y que la actuación del 12 de febrero, del actuario Sarabia Carrasco, habría sido falsa.

 —No puedo opinar de eso, es asunto jurídico y del asunto jurídico no estoy autorizado. No puedo dar entrevistas de lo que es jurídico, nada. Usted pregúnteme lo que es operación, cómo facturamos, las tarifas, etcétera… pero de la parte jurídica no estoy autorizado a hablar.

—El asunto ya trascendió y los usuarios de la CFE quieren saber si el dinero va a salir de sus bolsillos.

 —¡Ay nos vemos, hasta luego, gusto en saludarlo! —dijo Vázquez Arvallo, emprendiendo la veloz retirada junto con su secretaria Olivia Patrón, quienes parecían huir de un cable de alta tensión que les estaba chicoteando los pies.

¿HASTA DONDE?

Miguel Ángel Vega
Si es que existen mercenarios estadounidenses operando en alguna parte México al servicio de particulares o empresas mexicana que buscan protegerse del crimen organizado, ni el Senado de la República ni la Cámara de Diputados tiene capacidad para comprobar esa situación, y solo puede conformarse con los informes que den las autoridades federales.

“Tuvimos una reunión con el secretario de Gobernación, la secretaria de Relaciones Exteriores, el director del Cisen y el Consejo de Seguridad Nacional, y todos negaron cualquier convenio de trabajo entre empresas privadas y estadounidenses para que mercenarios extranjeros operen en nuestro país”, dijo Rene Arce, presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Senado de la República.

Lo que sí reconocieron, agregó el senador, es la presencia de agentes de la DEA, del FBI, de la CIA, incluso del Departamento de Estado de Estados Unidos que hay en México, pero que operan dentro del marco de los convenios internacionales entre México y Estados Unidos.

 “Ellos aseguraron que no existe ningún acuerdo o convenio que no haya sido aprobado por el Senado en que se dé a un agente extranjero funciones que no estén regidas por las leyes de nuestro país”, dijo Arce en entrevista telefónica con Ríodoce.

Según confirmó el Gobierno estadounidense, la presencia de agentes de ese país en México es real, pero solo como parte de la colaboración que existe entre ambas naciones en la lucha contra el tráfico de drogas.

El convenio establece que los agentes extranjeros no anden armados y que solo operen junto a agentes mexicanos. No obstante, y de acuerdo a una serie de denuncias en diferentes partes del país, incluyendo Sinaloa, los oficiales estadounidenses sí andan armados y sí operan por su cuenta, incluso, en operaciones encubiertas.

 “El Senado no cuenta con elementos que confirmen eso, y todo lo que ha trascendido han sido versiones que se leen o escuchan y por eso citamos al secretario de Gobernación y a otros funcionarios de seguridad nacional para que aclaren, esperando que hayan hablado con la verdad, porque nos mintieron, el día de mañana pueden ser sometido a juicio político”, observó el senador.

Gorgojos en el arroz
A finales de julio, un individuo identificado únicamente con el nombre de Josué, fue interceptado en Montebello por un grupo de agentes, y quienes por su acento y su apariencia, debieron ser extranjeros, específicamente estadounidenses. Según el relato del afectado, publicado en la edición de Ríodoce del 14 de agosto de este año, los agentes viajaban en dos camionetas Ram blancas, que le habrían cerrado el paso cerca de su domicilio.

De las unidades bajaron varios individuos que tras preguntarle nombre y ocupación, sacaron una especie de Ipad, e hicieron que pusiera la palma de su mano derecha sobre la pantalla. En el artefacto apareció una copia digitalizada de su visa estadounidense, a partir de lo cual fue interrogado sobre las razones de sus ingresos a los Estados Unidos.

Le pidieron acta constitutiva de su empresa y después de mostrársela a otros hombres que viajaban en otros vehículos, le dijeron que se fuera. Josué nunca supo si eran agentes de la CIA o de la DEA, u otra clase de personas. En Ciudad Juárez, algunos medios de comunicación publicaron que agentes estadounidenses operan a espaldas del Gobierno mexicano, como lo dio a conocer El Diario de Juárez a partir de una entrevista hecha a un agente, no obstante, en aquel momento el Gobierno mexicano negó toda acción secreta por parte de esos agentes.

Sobre esas situaciones, René Arce indicó que los informes de la Secretaría de Gobernación son en el sentido de que eso no ocurre en nuestro país, incluso, durante la reunión a puertas cerradas que tuvieron con los diferentes órganos de Seguridad Nacional, los funcionarios señalaron que el Gobierno mexicano realiza labores de contrainteligencia para saber qué realmente hacen los agentes de Estados Unidos en suelo mexicano.

 “En base a ello, México puede darse cuenta que Estados Unidos no realice actividades que no le correspondan, o al menos es el informe que nos dieron esos funcionarios”, precisó el legislador. La colaboración De acuerdo con la Comisión Bicamaral del Senado de la República, los acuerdos entre México y Estados Unidos actuales se basan en colaboración en materia de asistencia técnica y colaboración en materia de información.

 “Ellos tienen información referente a cómo funcionan los cárteles en la relación Estados Unidos-México, pero además tienen informes respecto a la gente que detienen y cuestionan sobre sus contactos aquí en México”, abundó Arce. Basados en esa información que intercambian Estados Unidos y con las autoridades mexicanas, se realizan labores de inteligencia, precisó Arce.

Generalmente los informes se hacen a través de los agentes de Estados Unidos, que tienen sus oficinas en la Ciudad de México, en el 265 de avenida Reforma, a pocas cuadras de la avenida Insurgentes. Desde ahí operan los 54 agentes de la DEA que México autorizó, además de los agentes de la CIA, FBI, ATF, la Agencia Estadounidense de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

No obstante, de ser cierto que personas han sido detenidas por agentes de la DEA en diferentes partes de México, incluido Culiacán, el número de agentes pudiera ser mayor. Sin embargo, aparentemente, México no tiene forma de saber eso. Además del intercambio de información, Estados Unidos también trabaja con México en cuanto a asistencia técnica, principalmente lo que tiene que ver con asesoría tecnológica, como es la operación de aviones no tripulados, intervenciones telefónicas de llamadas que se hacen en Estados Unidos y todo tipo de capacitación

. “Eso sería el acuerdo que existe, y según la Secretaría de Gobernación, los agentes estadounidenses no tienen ninguna otra función, como no pueden operar por su cuenta ni tampoco andar armados”, explicó el presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

 Ex soldados estadounidenses en México La noticia de que excombatientes de Estados Unidos en la Guerra contra Irak, Afganistán y otros conflictos armados, se encuentran en México brindando protección a empresas mexicanas, ha trascendido de tal manera que los legisladores mexicanos no pudieran dejar pasar la ocasión para cuestionar a la Secretaría de Gobernación sobre ese rumor.

 “Ellos (el secretario de Gobernación y el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré), dicen que son solo rumores, noticias que generan los medios de comunicación, pero que no hay nada”, explicó Arce a Ríodoce.

No obstante, la compañía de Seguridad Privada de Estados Unidos XE Services, ha sido contactada por personas particulares y empresas en México para que les recomienden personas, principalmente excombatientes militares, que puedan venir a nuestro país a brindar servicios de seguridad que los resguarde contra grupos del crimen organizado.

 John Procter, vocero de XE Services, que tiene sus oficinas en San Diego y Virginia, dijo que no comentaría sobre sus clientes en México o en otras partes del mundo, aunque en la página de Internet de la empresa, sí pueden observarse testimonios de empresas que se cree, pudieran operar en México.

 Según una entrevista hecha por el diario Excelsior, de la ciudad de México, a un excombatiente estadounidense que peleó en Irak y Afganistán y que se entrenó además con XE Services, sus servicios habrían sido requeridos para trabajar en Sinaloa, principalmente por su apariencia mexicana y su buen dominio del español.

Según el excombatiente, quien se hace pasar con el nombre de David, el reclutamiento de veteranos de los escenarios de guerra más candentes para Estados Unidos con el fin de enfrentar el narcotráfico en México podría salir contraproducente.

“Blackwater (hoy Xe Services) me trató de reclutar para ir a pelear a México, en la frontera, en la Ciudad de México. Luego un señor mexicano me pidió que me ocupara de la seguridad en Sinaloa. ¡Yo no voy a enfrentar con cuchillo una batalla de pistolas!”, dijo a Excelsior.

 David precisó que otros amigos suyos también los han requerido para que vengan a combatir a México, aunque se cree que David es el primero que abiertamente lo reconoce.

“Me dijo que estaban buscando a gente que hable español y cuando le pregunté si era para ir a México, se puso a reír. La situación en México está bien grave, a mí me angustia porque mi papá es mexicano y ¿you know?, mi abuelo es mexicano.

Yo sé cómo ganar batallas, sé cómo sacar al enemigo, pero en este caso se siente uno como impotente, porque no hay nada que uno pueda hacer”, indicó.

De acuerdo con el Departamento de Veteranos de Estados Unidos, los excombatientes de guerra que regresan de la guerra se quedan desempleados, incluso, según estadísticas, uno de cada cuatro personas que no tienen dónde vivir, son veteranos de guerra. Según la Coalición Nacional de Veteranos Indigentes, el 56 de esos veteranos que no tienen dónde vivir, son de ascendencia latina o afroamericana, mientras que el resto vive en situaciones extremas de pobreza.